Un nuevo marco para un derecho esencial

El Gobierno nacional acaba de actualizar las reglas que regulan el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. Con la mirada puesta en la futura privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), se publicó un nuevo Marco Regulatorio que apunta a dejar todo en orden antes del gran cambio.

¿Qué pasó exactamente? 🤔

Este jueves, el presidente Javier Milei y todos sus ministros firmaron el Decreto 805/2025, que oficializa el texto renovado del Anexo 2 de la Ley 26.221. Básicamente, se trata de una puesta a punto de la normativa que ya existía, pero ahora con correcciones y adaptada a la inminente venta de AySA. El Ministerio de Economía fue el encargado de armar el nuevo texto, que ya está disponible en el Boletín Oficial para quien quiera leerlo completo.

¿Por qué era necesario un cambio? 🛠️

La movida no es solo administrativa. El texto anterior tenía algunos errores, como confusiones en la fórmula para calcular el famoso «cargo por construcción». Por ejemplo, en el artículo 20 del Anexo E se mezclaron los términos «medido» y «no medido» al definir cómo facturar, lo cual podía generar líos en las boletas. Ahora, todo eso está corregido y listo para arrancar una nueva etapa.

¿A quiénes afecta?

El nuevo marco aplica para toda la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Además, incluye el servicio de efluentes en Berazategui. O sea, si vivís en el AMBA, esto te compete.

Principios clave: agua para todos 💦

El texto deja claro desde el principio: el acceso al agua es un derecho humano. Eso significa que las empresas (sean públicas o privadas) deben prestar el servicio de forma justa, eficiente y profesional. Además, se pone énfasis en la transparencia y el control para proteger a los usuarios.

Algunos puntos centrales del nuevo marco son:

  • Garantizar eficiencia, equidad y continuidad del servicio.
  • Transparencia total en la gestión.
  • Tarifas «justas y razonables» que permitan mantener el sistema y realizar las inversiones necesarias.
  • Acceso universal: nadie debería quedarse sin agua por cuestiones económicas.

¿Quién controla todo esto?

La regulación y el control del servicio quedan en manos del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y la APLA (Agencia de Planificación). El primero se ocupa de que las empresas cumplan con las reglas y el segundo de planificar el desarrollo del sistema.

Un paso más hacia la privatización 🔄

Este ajuste normativo forma parte del proceso de privatización de AySA, que fue habilitado por la Ley 27.742. Allí se estableció que la empresa pasará a manos privadas, con el compromiso de hacerlo bajo los principios de transparencia, competencia y eficiencia, y con un plazo de ocho meses para concretar la operación. El Ministerio de Economía, a través de una unidad especial, está coordinando todos los movimientos necesarios para llegar a la venta.

¿Y ahora qué sigue?

El Decreto ya está vigente y fue enviado al Congreso, donde una comisión bicameral deberá revisarlo según las reglas para los decretos de necesidad y urgencia. Mientras tanto, se espera que la transición avance y que, más allá de los cambios, se mantenga la premisa de que el agua es un derecho para todxs.