Este lunes se abrió en Buenos Aires un proceso de juicio político contra Martín Poderti, suspendido juez federal de Mar del Plata, acusado de presunto mal desempeño por la desaparición de 144 monedas de oro bajo su custodia como secretario en el Juzgado Federal 2 de San Isidro. La investigación apunta a que las monedas, incautadas en 2017 durante un operativo antidrogas y valoradas en aproximadamente 200 mil dólares, fueron sustraídas de la caja fuerte del Banco Nación entre diciembre de 2019 y febrero de 2023.

La acusación sostiene que Poderti habría accedido al banco en 19 ocasiones, incluso durante períodos en los que estaba de licencia laboral, según registros bancarios firmados por él con su documento de identidad. Las monedas comprendían yuanes, pesos mexicanos y peruanos, entre otras divisas. El hecho salió a la luz cuando, tras la absolución del dueño de las monedas en el juicio oral, éste reclamó la devolución del bien y el juzgado advirtió que ya no se encontraban en la bóveda.

La primera audiencia del juicio político se desarrolló ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, compuesto por siete miembros entre jueces, senadores, diputados y un abogado. Poderti, que asumió como juez federal en diciembre de 2023, defendió su inocencia y afirmó que la acusación es una represalia armada por una banda de narcotraficantes condenada por él mismo en Mar del Plata. Declaró ante el tribunal, respondió preguntas y sostuvo que se le negaron medidas de prueba en la investigación llevada adelante tanto por el Consejo de la Magistratura como en la causa penal.

La fiscalía, integrada por los senadores nacionales Luis Juez y Eduardo Vischi y el juez federal Diego Barroetaveña, ratificó la acusación y anticipó que solicitará su destitución. En tanto, Poderti es defendido por el abogado Gastón Marano, quien rechazó todos los cargos.

Durante la audiencia se produjeron momentos de tensión entre Poderti y los fiscales, quienes le exigieron que identificara a los responsables del robo y aportara pruebas concretas, ante lo cual el juez suspendido reiteró sus cuestionamientos sobre la investigación y la falta de acceso a ciertas pruebas.

El proceso continuará este martes con el inicio de la ronda de testimoniales. Se prevé que declaren siete personas, entre ellas Lino Mirabelli, quien era titular del Juzgado Federal de San Isidro al momento de la desaparición de las monedas. El viernes se realizará una segunda tanda de declaraciones y, posteriormente, el Jurado fijará la fecha para los alegatos de la fiscalía y la defensa.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces José María Escobar Cello y Víctor Pesino, los senadores Rodolfo Suárez y Jesús Rejal, los diputados Manuel Quintar y Agustina Propato y el abogado Antonio Estévez. Para destituir a Poderti se requiere una mayoría calificada de seis de sus siete miembros. En caso de destitución, el magistrado perdería su cargo y el derecho a la jubilación del Poder Judicial, y la decisión no admite apelación, aunque en el pasado se han presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si el Jurado no alcanza la mayoría necesaria o decide rechazar la acusación, Poderti será reincorporado como juez federal en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y se levantará la suspensión que pesa sobre él. Paralelamente, continúa en curso una causa penal por malversación de caudales públicos en la que también está procesado.

La resolución del caso se espera para las próximas semanas, en un proceso que pone el foco sobre la transparencia y el control en la administración de bienes judicializados y vuelve a colocar bajo la lupa al sistema de justicia federal argentino.