¿Qué pasa en Córdoba? La pelea por los drones y las acusaciones cruzadas 🔥

En Córdoba, la tensión entre el gobierno provincial y la oposición no para de crecer. La razón de fondo: una licitación millonaria para comprar drones que, en medio del debate, se convirtió en mucho más que una simple adquisición tecnológica.

El origen del conflicto: la compra de drones 🚁💰

El gobierno de Martín Llaryora planeaba invertir unos 6,8 millones de dólares en un Sistema Integral de Vehículos Aéreos no Tripulados, conocidos como drones, para la policía de Córdoba. La idea era moderna y de alta tecnología, pensada para mejorar la seguridad en la provincia. Sin embargo, la oposición no estuvo de acuerdo.

Los vocales del Tribunal de Cuentas, que responden a Luis Juez, rechazaron la licitación. Argumentaron que la forma en que se realizó favorecía a una sola empresa y que el proceso no era transparente. La respuesta del gobierno fue que la licitación, conocida como «de renglón único», obedecía a normativas técnicas específicas para garantizar la seguridad y la eficacia del sistema.

¿Por qué se peleaban tanto? 🥊

Todo se complicó cuando el Ministerio de Seguridad, dirigido por Juan Pablo Quinteros, denunció a Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas, y a María Fernanda Leiva por presuntos delitos de abuso de autoridad y incumplimiento de deberes. La acusación fue que estos vocales habrían actuado fuera de la ley al cuestionar la compra.

Desde el oficialismo, aseguraron que los vocales se excedieron en sus funciones al tratar temas de política pública —como la compra de drones— y que sus decisiones estaban influenciadas por órdenes de Juez para complicar la iniciativa. La denuncia buscaba investigar si hubo abuso de poder y si las decisiones estaban siendo usadas con fines políticos.

La respuesta del oficialismo 🔍

Juan Pablo Quinteros salió a defender la licitación en las redes sociales, asegurando que todo fue transparente y que el proceso cumplió con todos los controles necesarios. Para él, la compra de los drones era necesaria y estratégica, para fortalecer la vigilancia aérea y mejorar la prevención del delito.

El funcionario también rechazó las acusaciones de fraude, corrupción o sobreprecios, asegurando que todo se hizo a través de una licitación pública, con dictámenes técnicos, jurídicos y controles administrativos. La intención, dijo, era fortalecer la seguridad sin ninguna intención oculta.

¿Qué sigue en la pelea? 🥊

La disputa no solo quedó en las acusaciones y las denuncias. Quinteros afirmó que se investigará si los vocales del Tribunal de Cuentas actuaron fuera del marco legal, y también criticó duramente a Juez, a quien acusó de desinformar y de faltar a la verdad con sus declaraciones. En su opinión, las críticas del senador no tienen fundamentos y solo buscan desprestigiar a las instituciones.

Por su parte, Luis Juez no se quedó callado y en Twitter volvió a criticar duramente al gobierno de Llaryora, comparándolo con Gildo Insfrán, un exgobernador de Formosa, por supuestamente usar las instituciones para favorecer negocios poco claros. La polémica está servida y promete seguir en aumento.

¿Qué significa todo esto? 🤔

Más allá de las acusaciones, lo que está en juego es quién controla y decide sobre las compras en la provincia. La oposición denuncia que hay un intento de favorecer a ciertos empresarios y de usar los recursos públicos con fines políticos. Desde el oficialismo, defienden la transparencia y la necesidad de modernizar la seguridad en Córdoba.

Este enfrentamiento pone en evidencia cómo las decisiones de inversión y las licitaciones pueden convertirse en un campo de batalla político, donde las acusaciones cruzadas y las denuncias judiciales se vuelven moneda corriente.

¿Y ahora qué? 🔜

Por lo pronto, la investigación sigue en marcha y la tensión en Córdoba no baja. La compra de los drones sigue en debate, y las instituciones están en el centro del huracán político. La discusión no solo trata sobre tecnología y dinero, sino también sobre quién tiene el poder de decidir y cómo se controlan esas decisiones en una provincia cada vez más dividida.

Lo que queda claro es que, en Córdoba, la pelea por los drones y las licitaciones es solo la punta del iceberg en un escenario donde la política y las instituciones están más enfrentadas que nunca.