¿Qué pasó?
Una escribana de Santiago del Estero fue sancionada por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que controla el lavado de dinero en Argentina. La responsable es Ana Lía Terzano de Gómez, quien estuvo involucrada en la creación y gestión de varias empresas vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
¿Por qué fue sancionada?
La UIF detectó que la escribana no se registró ante el organismo, como exige la ley antilavado. Esto implica que no cumplió con la obligación de identificar a sus clientes, registrar sus operaciones y reportar cualquier movimiento sospechoso. La ley 25.246 establece que los escribanos, como profesionales que certifican contratos y transferencias, deben colaborar en prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El incumplimiento no fue un hecho aislado. En marzo de 2023, otra escribana del mismo registro, Analía Terzano Habra, también fue sancionada por la misma infracción en Santiago del Estero. La falta de registración puede parecer técnica, pero en realidad tiene importantes implicancias, ya que permite detectar y frenar movimientos financieros ilícitos.
¿Qué relación tiene esto con el fútbol y la política?
El caso adquiere una dimensión aún mayor porque la escribana Ana Lía Terzano de Gómez intervino en varias operaciones vinculadas a empresas del entorno de Pablo Toviggino. Este funcionario de la AFA, que también tiene conexiones con su familia y otras empresas, aparece en el centro de una serie de operaciones financieras sospechosas que incluyen la compra de bienes millonarios, como casas, autos y caballos.
Entre las empresas que participaron en este entramado están Malte SRL, que fue propietaria de una lujosa mansión en Pilar y que en 2022 fue contratada directamente para instalar el sistema VAR en el fútbol argentino. Además, otras firmas como HT SRL, Bori, Barwa, Segon, Lindor y SOMA conforman un holding que, según registros oficiales, en algunos casos fue proveedor del Estado en Santiago del Estero, a través de procesos licitatorios en los que fue el único oferente válido.
¿Qué pasó con las empresas y las propiedades?
El escándalo se desató en diciembre de 2025, cuando salió a la luz la mansión de Villa Rosa, en Pilar. Apenas unos días después, en el Boletín Oficial, se publicaron cambios societarios en Malte SRL y Norte Argentino SRL, que permitieron que estas empresas pasaran a estar bajo el control casi total de SOMA SRL. Todo esto fue refrendado por la misma escribana, Ana Lía Terzano de Gómez, justo cuando se iniciaba una investigación judicial.
¿Por qué es importante esto?
Porque la prueba de que estas operaciones se hicieron sin cumplir con las obligaciones legales refuerza las sospechas de lavado de dinero. La investigación en curso apunta a que estas empresas y operaciones financieras estarían relacionadas con actividades ilícitas, y la participación de la escribana en estos movimientos es clave para entender cómo funcionaba este entramado.
Es importante recordar que en Argentina, los escribanos tienen un rol fundamental en la validez jurídica de contratos y transferencias. La ley exige que estos profesionales colaboren en la lucha contra el lavado de dinero, pero en este caso, la falta de registración y control por parte de Terzano de Gómez abre una ventana para actividades ilícitas.
¿Qué sigue?
La investigación judicial continúa, y en ella están implicadas varias empresas y personas, incluyendo a Luciano Pantano, vinculado a exfuncionarios del fútbol y del Estado. La causa aún está en marcha en el juzgado de Campana, y se espera que en los próximos meses se esclarezcan todos los detalles de este caso que involucra dinero, poder y fútbol.
Este episodio revela cómo la falta de controles y la complicidad en sectores clave pueden facilitar operaciones ilegales. Y también pone en evidencia la importancia de que los profesionales, como los escribanos, cumplan con sus obligaciones para evitar que el dinero sucio circule en la economía formal.




