¿Qué pasa con la lucha contra la evasión en Argentina?

El Gobierno argentino está evaluando volver a activar una especie de policía secreta contra la evasión fiscal. ¿La idea? Crear en la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) una dirección de Inteligencia Fiscal, como la que existió en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem. Esta no sería una novedad: en esa época, la dirección fue famosa por investigar casos resonantes de corrupción y evasión, como los de Alfredo Yabrán y María Julia Alsogaray.

¿Por qué quieren volver a esta metodología?

La motivación surge tras la sanción de una ley llamada de inocencia fiscal. La nueva normativa facilitaría que los contribuyentes puedan pagar lo que deben antes de que la justicia los denuncie, con el fin de reducir los casos de delitos fiscales. Sin embargo, en paralelo, el Gobierno estudia la posibilidad de fortalecer la lucha contra la evasión mediante una estructura de inteligencia que pueda detectar maniobras mucho más sofisticadas y ocultas.

¿En qué consiste esta idea?

La propuesta apunta a que la ARCA tenga una dirección especializada en investigar tramas complejas. La historia indica que en los años 90, la Dirección de Inteligencia Fiscal, bajo la dirección de Carlos García Lorea, lograba destapar fraudes con testaferros y empresas fantasmas, con investigaciones que llegaban a los niveles más altos del poder y del deporte, incluso el fútbol. La idea es aplicar esa misma estrategia hoy para detectar a quienes generan riqueza sin justificar, como en casos recientes vinculados a figuras del fútbol y a funcionarios de la AFA.

¿Qué hay con los implicados actuales?

El actual titular de la ARCA, Andrés Vázquez, tiene un pasado ligado a la Inteligencia Fiscal. En los años 90, fue parte del equipo que investigó casos de evasión y blanqueo, y en ese momento, además, se capacitó en organismos internacionales especializados en seguimiento de capitales en negro, como el FinCen de EE.UU. También se lo relaciona con investigaciones sobre bienes en Miami y con conexiones a sectores de inteligencia y seguridad.

¿Qué implicaciones tiene esto para la política y la justicia?

El uso de métodos de inteligencia para luchar contra la evasión no es nuevo en Argentina, pero en los últimos años esta práctica se había reducido, dejando paso a controles más tradicionales. La reactivación de una dirección de inteligencia fiscal generaría un cambio importante, permitiendo investigar no solo a quienes están registrados oficialmente, sino también a quienes esconden su verdadera riqueza mediante testaferros y maniobras complicadas.

Un ejemplo reciente es la causa contra Sur Finanzas, cuyo dueño, Ariel Vallejo, está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La denuncia no fue solo un acta administrativa, sino una investigación exhaustiva con información de movimientos financieros, testaferros y direcciones, que fue entregada a la justicia para que actúe. Este tipo de procedimientos, que en los 90 eran habituales, hoy serían posibles de manera más efectiva con una estructura de inteligencia fortalecida.

¿Qué pasó en los años 90 con la inteligencia fiscal?

En esa época, García Lorea y su equipo lograron investigar a figuras como Yabrán, Susana Giménez y otros personajes públicos. La metodología consistía en analizar las manifestaciones de riqueza y buscar inconsistencias en sus patrimonios. Además, se colaboraba con organismos internacionales y agencias de inteligencia de EE.UU. y Alemania para detectar lavado de dinero y narcotráfico.

¿Qué pasa con los involucrados y sus bienes?

En algunos casos, como el de Vázquez, se detectaron bienes en Miami y movimientos financieros en el exterior, que actualmente están siendo investigados por la justicia. La idea es que, con una estructura de inteligencia fuerte, sería más fácil detectar estas maniobras y, en consecuencia, hacer que los evasores paguen lo que deben.

¿Qué riesgos implica volver a estas prácticas?

El uso de inteligencia para investigar contribuyentes siempre genera debates sobre la privacidad y los límites del Estado. Pero también hay consenso en que, si se hace con transparencia y control, puede ser una herramienta eficaz contra la evasión y la corrupción. La historia indica que, en los 90, estas prácticas ayudaron a destapar casos que hoy serían impensables con los controles tradicionales.

¿Qué sigue ahora?

El Gobierno todavía está analizando cómo implementar esta idea y si realmente podrá fortalecer la lucha contra la evasión usando estos métodos. La decisión puede marcar un cambio en la forma en que Argentina combate el dinero en negro y la corrupción, con un impacto directo en las finanzas del Estado y en la transparencia del sistema fiscal.

Lo que está claro es que volver a una estructura de inteligencia fiscal, si se hace bien, podría ser un paso importante para que Argentina deje de ser uno de los países con más blanqueos fiscales en el mundo y avance en la lucha contra la evasión que tanto daño le hace a su economía.