Un fallo que sacudió la política y el medio ambiente

En una decisión que generó mucho revuelo, la Corte Suprema de Argentina se metió en un tema caliente: la venta de tierras a extranjeros. ¿El motivo? un amparo presentado por organizaciones ambientales y comunidades originarias que buscan frenar un decreto que, según ellos, pone en riesgo el cuidado del medio ambiente y los territorios ancestrales.

¿Qué pasó exactamente?

Todo empezó cuando el gobierno derogó la ley de tierras mediante un decreto, el DNU 70/2023, que permitía la venta de lotes rurales sin límite a extranjeros. La medida fue muy criticada por sectores que temen que esto pueda afectar la soberanía y el ambiente, y un grupo de organizaciones presentó amparos para frenarlo.

Primero, la Asociación de excombatientes CECIM, de La Plata, logró que una medida cautelar suspendiera el decreto, pero la Corte la anuló después, diciendo que esa organización no tenía la legitimidad suficiente para hacerlo. Así, el decreto quedó en pie y los extranjeros pudieron seguir comprando tierras. Pero otra organización, Árbol de Pie, no quedó tranquila y decidió seguir el reclamo.

La decisión de la Corte 🏛️⚖️

La Corte Suprema tuvo que decidir si aceptaba o no una nueva medida cautelar solicitada por Árbol de Pie, una ONG ambientalista. Como los jueces estaban en desacuerdo, se convocaron conjueces (jueces suplentes) para llegar a un acuerdo. Finalmente, la mayoría de los jueces decidió aceptar la medida y remitir el caso a la justicia federal de Bariloche para que siga investigando.

¿Por qué esa decisión? Los jueces consideraron que el pedido tenía que ver con la protección del medio ambiente y que era necesario actuar rápido para evitar daños irreparables. La mayoría resaltó que el caso involucraba derechos colectivos relacionados con la preservación del entorno y que, por eso, la protección ambiental era prioritaria en este escenario.

La disidencia y las críticas 🔥🤔

El juez Carlos Rosenkrantz, en cambio, no estuvo de acuerdo con la decisión. Para él, la Corte no tenía competencia para intervenir en este caso porque no se cumplían los requisitos legales para dictar una protección cautelar en estas circunstancias. Además, criticó duramente a sus colegas por actuar sin tener una base sólida y advirtió que esto podría debilitar la confianza en el Poder Judicial.

En su voto, Rosenkrantz afirmó que la simple referencia al medio ambiente no justifica una medida cautelar sin fundamentos claros y que, en este caso, no había peligro ambiental grave o irreversible que justificara esa acción. También criticó que algunos jueces usaran la protección ambiental como excusa para tomar decisiones que, en su opinión, no corresponden.

¿Qué sigue?

El caso ahora está en manos del juez de Bariloche, Leandro Gómez Constella, quien debe decidir si mantiene la suspensión del decreto y qué pasos seguirán. La causa se inició tras la presentación de varias organizaciones, incluyendo comunidades indígenas y una legisladora, que alegan que la derogación de la ley de tierras puede afectar sus derechos y el equilibrio ambiental de la región.

Por su parte, la Corte dejó en claro que su intervención busca proteger derechos colectivos y evitar daños ambientales, pero también advirtió que sus decisiones deben respetar los límites que marca la ley. La polémica continúa, y muchos están atentos a qué decisiones tomará la justicia en las próximas semanas.