¿Qué pasó exactamente?
Todo empezó cuando una jueza de Buenos Aires, Laura De Marinis, decidió que no podía aplicar una ley que bajaba la edad de imputabilidad a 14 años. ¿El motivo? Ella argumentó que esa ley violaba derechos de los menores, ya que consideraba que esa reducción era regresiva y afectaba la protección que la ley internacional, como la Convención de los Derechos del Niño, garantiza para los chicos.
El caso en cuestión involucraba a un menor de 14 años que, en septiembre pasado, intentó robar un celular en Palermo junto con otros chicos. La jueza De Marinis, tras analizar el asunto, decidió sobreseer al menor, lo que básicamente significa que lo dejó afuera del proceso penal, declarando que la ley que permitía juzgar a menores desde los 14 años era inconstitucional.
¿Y qué dijeron los jueces?
Pero esta decisión no duró mucho. La Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de Buenos Aires, que revisó el caso, revocó el fallo en conjunto y de forma unánime. Los jueces Jorge Franza, Ignacio Mahiques y Patricia Larocca determinaron que la ley es constitucional y que el menor debe seguir siendo investigado bajo las reglas vigentes.
Los jueces también señalaron que, si bien es válido que haya debates sobre si reducir la edad de imputabilidad o no, eso debe hacerse a través de la ley, no por vía judicial. Además, criticaron que la jueza De Marinis se pronunciara demasiado pronto sobre el caso, anticipándose a la valoración que debería realizar durante el proceso. En ese sentido, afirmaron que ella hizo un «adelanto de posición» que le impide seguir interviniendo en la causa.
¿Por qué la jueza tomó esa decisión?
De Marinis argumentó que bajar la edad de imputabilidad a 14 años era un paso regresivo, que vulneraba derechos básicos de los menores. Además, comentó que el menor involucrado en el intento de robo enfrentaba circunstancias sociales vulnerables y que el delito no era grave, por lo que no correspondía aplicar sanciones duras. Otro punto importante fue que la jueza resaltó que la corteza prefrontal, que ayuda a controlar impulsos y evaluar consecuencias, todavía se está desarrollando en los adolescentes, lo que hace que su conducta sea entendible en ese contexto.
¿Qué repercusiones tuvo esto?
El fallo generó mucha polémica. La decisión de la jueza fue duramente criticada por algunos sectores políticos y del gobierno nacional. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, incluso presentó un pedido de juicio político para destituir a la jueza, acusándola de mal desempeño.
Por otro lado, la Federación Argentina de la Magistratura y un grupo de cerca de 100 jueces respaldaron a De Marinis y criticaron el pedido de juicio político. La federación sostuvo que en una sociedad democrática, las decisiones judiciales deben respetarse, incluso si no son compartidas, y que las vías para cuestionarlas están en los recursos que la ley prevé.
¿Qué pasa ahora?
Tras la revocación del fallo, la jueza De Marinis fue apartada del caso porque ya había expresado una opinión sobre el asunto, lo que podría afectar la imparcialidad. Ahora, se sorteará un nuevo juez para que continúe con la investigación del menor, quien todavía está en proceso y bajo supervisión.
Por su parte, el fiscal que intervino en el caso, Mauro Tereszko, también pidió que se apartara a la magistrada y presentó sus argumentos ante la Cámara. La decisión final fue que el nuevo juez relevará a De Marinis y continuará con la causa sin que se vea afectada por las opiniones previas de la magistrada.
¿Qué implica esto para el debate?
Este caso refleja la tensión que existe en Argentina en torno a cómo tratar a los menores que cometen delitos. La discusión sobre si reducir la edad de imputabilidad es un tema complejo, que involucra derechos, seguridad y la protección social. Por ahora, la ley sigue vigente y el menor involucrado en el intento de robo será investigado bajo las reglas actuales, mientras que el debate sigue abierto en la sociedad y en los tribunales.
