Un fallo judicial que pone las cosas en su lugar

La historia sigue en marcha y la justicia acaba de dar un paso importante en la lucha por una educación universitaria más justa y con cumplimiento de leyes. El juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, le ordenó al Gobierno nacional que en solo cinco días ponga en marcha completamente la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe cumplir con las medidas para mejorar salarios, becas y condiciones en las universidades públicas, tal como lo manda la ley.

¿De qué se trata la Ley de Financiamiento?

La ley, sancionada en 2025, busca que las universidades tengan más fondos para pagar mejores salarios a docentes y no docentes, además de ofrecer becas estudiantiles. Sin embargo, a pesar de su aprobación en el Congreso y la insistencia del Parlamento, el Gobierno de Javier Milei la dejó en suspenso, alegando que no estaban claras las fuentes de financiamiento. Esto generó un conflicto judicial, que ahora tiene un giro importante.

La lucha en la justicia y las últimas decisiones

Las universidades y gremios del sector reclamaron que el Estado cumpliera con lo establecido en la ley. La Justicia, en diciembre pasado, ordenó que el Gobierno pagara en forma inmediata la recomposición salarial y las becas, basándose en los artículos 5 y 6 de la ley. La Corte Suprema confirmó esa decisión en junio, dejando firme la medida cautelar. Pero en el camino, el Gobierno apeló y buscó anular esa orden, sin éxito.

Ahora, el juez Cormick le dio un plazo de cinco días al Gobierno para cumplir con la medida y advirtió que, si no lo hace, aplicará multas diarias. Es un paso que muchos esperaban para que las universidades puedan avanzar en sus tareas y para que los docentes y estudiantes tengan las condiciones que la ley garantiza.

¿Por qué esto importa?

Porque las universidades aseguran que les deben una recomposición salarial del 31,2%. En la última paritaria, el Gobierno solo ofreció un 3%, lo que generó protestas y marchas en todo el país. La medida judicial busca que se respete el derecho a una educación pública y de calidad, y que las leyes que fueron sancionadas en el Congreso se cumplan a rajatabla.

El contexto político y la pelea por los fondos

La ley fue sancionada en medio de una fuerte disputa política. Javier Milei, que en ese momento ejercía la presidencia, vetó el proyecto y lo volvió al Parlamento, donde fue insistido por dos tercios de los legisladores, un hecho inédito. Finalmente, en octubre de 2025, el Senado aprobó la ley con una mayoría aplastante, pero el Ejecutivo la dejó en suspenso, sin destinar los fondos necesarios.

Este conflicto llevó a que las universidades presentaran una demanda judicial. A pesar de las promesas y los acuerdos, los fondos para 2027 que el Gobierno propuso en el presupuesto son mucho menores a los que se necesitan: solo $7,2 billones en lugar de los $11 billones que las instituciones consideran necesarios para pagar salarios y mantener sus actividades.

¿Qué sigue ahora?

El debate continúa en el Congreso y en la justicia. La judicialización de la ley ha puesto en evidencia la tensión entre la necesidad de cumplir con las leyes aprobadas y las decisiones políticas del Gobierno. La próxima semana será clave, ya que el Gobierno deberá demostrar si respeta la orden del juez o si seguirá enfrentándose a multas y presiones sociales.

Por ahora, las universidades y los gremios seguirán reclamando en las calles y en los tribunales para que se garantice el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. La historia todavía no termina, pero la justicia ha dado un paso firme en defensa de esa causa.