Una denuncia que pone en duda todo

Una presentación judicial reciente sacudió la historia de la Patagonia y la política argentina: una denuncia penal revela que la desaparición de unas 30.000 hectáreas en Santa Cruz no fue solo una cuestión de negocios familiares, sino que puede haber estado rodeada de operaciones ilegales, decisiones judiciales controvertidas y presiones políticas. Todo esto, en medio de una lucha por un patrimonio que, según la denuncia, estuvo en juego desde hace años.

El hilo de la historia: una disputa familiar con secretos 💼

La historia comienza en 1987, con un conflicto familiar por la herencia de la familia Fadul. Tras la muerte de José Héctor Fadul, sus hijos Héctor y Carlos Felipe acordaron cómo dividir los bienes. Pero la situación se complicó rápidamente. La deuda que tenían con la familia creció de manera desproporcionada, llegando a más de 427 mil kilos de lana —equivalente a unos US$ 726 mil— y generando una serie de problemas que irían mucho más allá de lo familiar.

Mientras tanto, Héctor Fadul conservaba su participación en una empresa que explotaba esas tierras. Cuando fue juez en Santa Cruz, su esposa, Ana Edith Bórquez, tomó las riendas de la empresa y adquirió una parte importante de las acciones. La disputa no solo quedó en lo familiar; pronto cruzó caminos con personajes y empresas de gran peso en la provincia.

Lázaro Báez y un papel clave en la trama 🐊

Uno de los nombres más resonantes en la denuncia es el de Lázaro Báez, quien en los años 90 empezó en el rubro de la construcción y, según la denuncia, también estuvo involucrado en operaciones financieras relacionadas con estas tierras. Báez llegó a tener unas 35 estancias, más que muchas empresas famosas del país. La denuncia asegura que en el proceso hubo una serie de movimientos financieros y judiciales que favorecieron a Báez y a personas vinculadas al kirchnerismo.

Un dato importante: las estancias Río Bote y La Entrerriana, que formaban parte de esta historia, fueron adquiridas por Báez en medio de una serie de complicaciones judiciales. En 2022, Río Bote fue rematada en una subasta por unos 39 millones de pesos, después de que fuera incluida en una lista de propiedades que el fiscal Diego Luciani solicitó decomisar. La compra ocurrió en medio de la quiebra de Austral Construcciones, empresa de Báez, y en un contexto donde la justicia no remató otras estancias que también estaban en la mira.

¿Qué hay detrás de esta venta? 🔍

La denuncia sostiene que la historia no termina en una simple subasta. Afirma que hubo una serie de maniobras para favorecer a ciertos actores, incluyendo supuestas presiones y decisiones judiciales controvertidas. La presentación también apunta a que hubo una serie de operaciones financieras realizadas a través del Banco de la Provincia de Santa Cruz, donde Báez tenía vínculos con créditos agropecuarios, y que en ciertos momentos, documentación importante fue enviada a estudios de abogados vinculados a políticos del kirchnerismo, sin que esa documentación fuera devuelta.

Un crédito de apenas 90 mil pesos, ¿por qué tanto impacto? 💸

Uno de los puntos más llamativos es un crédito de solo 90.000 pesos otorgado en 1992 por el Banco de Santa Cruz. Aunque parecía una deuda menor, la denuncia asegura que esa pequeña suma terminó siendo la clave para que la familia perdiera las tierras. La deuda creció con penalidades y reclamos, y el banco, en lugar de ofrecer soluciones, avanzó con la ejecución y remató las tierras. La familia intentó evitarlo con recursos legales, invocando leyes provinciales que protegían las explotaciones rurales, pero sin éxito.

¿Un conflicto que terminó en subasta? ⚖️

La historia de la familia Fadul es un ejemplo de cómo una disputa que empezó siendo familiar terminó en una venta forzada de tierras. La denuncia sugiere que, más allá de las diferencias internas, hubo una serie de decisiones y presiones externas que facilitaron la pérdida de estas estancias. Hoy, esas tierras están en manos de un empresario que, según la denuncia, pudo haber sido beneficiado por maniobras ilegales y decisiones judiciales controvertidas.

¿Qué sigue ahora?

La denuncia presentada por Ana Edith Bórquez de Fadul busca que la justicia investigue a fondo estos hechos. La jugada apunta a determinar si hubo un entramado de negocios ilícitos, sobredimensionamiento de créditos, decisiones judiciales amañadas y presiones políticas que facilitaron la pérdida de un patrimonio familiar y, posiblemente, la apropiación de tierras en una de las regiones más ricas de la Patagonia.

Por ahora, la causa está en marcha y promete dar que hablar. La historia revela que, en Argentina, las disputas por tierras y recursos pueden tener muchas caras y que, a veces, detrás de una simple subasta, puede estar mucho más que un negocio.