¿Qué pasó con las rutas que usamos todos los días?
En las últimas semanas, el Gobierno intentó resolver un problema que afecta a muchos argentinos: quién debe hacerse cargo de mantener en buen estado las rutas nacionales. La idea era que las provincias de Santa Fe y San Juan se hicieran cargo de algunas rutas, pero la justicia acabó diciendo que eso no puede ser así y que esas rutas deben ser reparadas de inmediato por el Estado nacional.
Una orden judicial que no da lugar a excusas 🚨
La semana pasada, un juez de Venado Tuerto, en Santa Fe, ordenó que el Gobierno arregle rápidamente las rutas 7, 8 y 33 en esa zona. Aunque esas vías estaban concesionadas a empresas privadas, el magistrado dejó claro que el Estado debe hacerse cargo de repararlas ya. La decisión fue en respuesta a un amparo presentado por una senadora provincial de la UCR, Leticia Di Gregorio, en 2025, que señalaba que esas rutas estaban en muy mal estado y que, por eso, aumentaban los accidentes.
El juez, Aurelio Cuello Murúa, rechazó los argumentos de Vialidad Nacional y del Ministerio de Desregulación (que dirigía Federico Sturzenegger) de que no podían hacerse cargo por falta de fondos y les ordenó cumplir con la reparación. La sentencia fue clara: no hay excusas para que esas rutas sigan deteriorándose y poniendo en riesgo a quienes las transitan.
¿Por qué es tan importante esta decisión?
El fallo llega en un momento en que el Gobierno está siendo cuestionado por la paralización en las obras viales y por el uso del fideicomiso SisVial. Este fondo, que supuestamente tenía que usarse para arreglar las rutas, en realidad fue utilizado para otros fines por el Tesoro, en un intento de equilibrar las cuentas públicas. Esto generó muchas críticas, porque muchos aseguran que los fondos destinados a las rutas no están llegando a donde deben.
La diputada Victoria Tolosa Paz fue una de las que denunció la situación y acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de malversar fondos públicos. Además, presentó un recurso para que se garantice la reparación de las rutas en Buenos Aires, específicamente en las rutas 3 y 5. La justicia santafesina, en cambio, dejó firme el amparo que exige reparar las rutas de Santa Fe, asegurando que la plata de las obras debe volver a su destino original y no ser usada para otros fines.
¿Qué pasa con las rutas en Santa Fe?
Estas vías que están en mal estado son muy importantes para la región, especialmente la ruta 33, que conecta Rosario con Bahía Blanca y por donde pasa el 70% de la producción agrícola. En esa zona, los accidentes han aumentado un 30% en algunos tramos, y muchos conductores prefieren usar rutas provinciales por miedo a las condiciones peligrosas.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, señaló que el deterioro de estas rutas no solo afecta la seguridad, sino que también encarece los costos para los productores y aumenta la presión sobre los hospitales, por los accidentes. La justicia dejó claro que, aunque las rutas hayan sido concesionadas a empresas privadas, el Estado sigue siendo responsable de mantenerlas en condiciones seguras.
¿Qué sigue ahora?
El Gobierno puede apelar la decisión, pero si no lo hace, tendrá que empezar a arreglar las rutas de inmediato. La orden judicial es definitiva y obliga a Vialidad Nacional a cumplir con las reparaciones. La situación revela una problemática más grande: el manejo de fondos públicos y la importancia de que las rutas, que son vitales para la economía y la seguridad, no sean olvidadas.
Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe, la gente y los representantes políticos siguen preocupados por las condiciones de las carreteras y por cómo estas afectan a toda la comunidad, desde los productores hasta los conductores comunes.
¿Por qué esto nos importa?
Porque las rutas no solo son caminos; son arterias que mueven la economía y la vida cotidiana. Cuando no se mantienen, aumentan los accidentes, los costos y el riesgo para todos. La justicia dio un paso importante al ordenar que las obras se hagan sin excusas, pero queda en manos del Estado cumplir con esa obligación y cuidar a quienes transitan esas vías cada día.
En definitiva, la pelea por las rutas en Santa Fe muestra cómo las decisiones políticas, la justicia y el manejo de fondos públicos impactan en la seguridad y el bienestar de todos. La esperanza es que, con esta orden judicial, las carreteras vuelvan a ser seguras y confiables para todos.
