Una investigación revela un esquema de corrupción en las importaciones y el mercado cambiario

Un escándalo que sacude la política y el comercio en Argentina salió a la luz gracias a una investigación judicial que encontró evidencia de sobornos, conexiones políticas y operaciones irregulares relacionadas con la obtención de autorizaciones para importar productos y comprar dólares oficiales.

¿Qué es la SIRA y por qué importa?

La SIRA, o Sistema de Importaciones de la República Argentina, era la vía oficial para que las empresas pudieran gestionar autorizaciones para importar bienes en un contexto de restricciones cambiarias. Sin embargo, la investigación indica que algunas personas lograban agilizar estos trámites mediante sobornos, pagando entre un 10 y un 15% del valor de la importación, a cambio de obtener rápidamente la aprobación y acceder a dólares oficiales, que en ese momento estaban con un fuerte cepo cambiario.

¿Quiénes están implicados?

En el centro de la causa está Martín Migueles, conocido por ser pareja de Wanda Nara y también por su rol como empresario. Pero además, la investigación señala que Migueles actuaba como un nexo entre privados y funcionarios públicos, facilitando la gestión de autorizaciones y sobornos.

En sus conversaciones, Migueles se muestra con contactos que le ofrecen acelerar los trámites: en marzo de 2023, le dice a un tal “Adriel La Plata” que puede conseguir la SIRA en apenas una semana por una pequeña comisión. La propuesta incluye pagar un porcentaje adicional, que rondaba entre un 11 y un 13%, y que el dinero se entregaba en dólares, en una operación que superó los 54.000 dólares en total.

Red de contactos políticos y funcionarios

Entre los implicados hay también figuras vinculadas al gobierno. Uno de los contactos de Migueles es Ariel Germán Saponara, que, según la causa, trabaja en la Casa Rosada, en el Ministerio. En chats y audios, Migueles y Saponara discuten sobre las tarifas para liberar las importaciones, con porcentajes que alcanzaron hasta el 15%. Además, hablan de diferentes proveedores y de cómo mover el dinero en dólares para que todo quede en orden.

Por ejemplo, en una de las conversaciones, Saponara le indica a Migueles que puede conseguir el permiso a un costo menor, y que en unos días podrán tener todo listo para que la operación siga su curso. La suma total de la maniobra, en una de las operaciones, fue de más de 54 mil dólares, y se indicaba la dirección en la que debía entregarse el dinero en efectivo.

Operaciones con dólares y negocios en la sombra 💰

El esquema no solo involucraba la gestión de importaciones, sino también la venta de dólares en el mercado paralelo. La causa investiga si funcionarios del Banco Central autorizaban compras de dólar oficial que luego eran vendidas en el mercado negro con ganancias que podían llegar al 200%. En este contexto, casas de cambio como “Arg Exchange”, vinculada a Migueles y Piccirillo, estarían participando en estas maniobras irregulares.

¿Qué dice la justicia?

El fiscal Franco Picardi, encargado del caso, explica que la evidencia muestra cómo funcionaba esta red de intermediarios y repartos económicos. La investigación señala que las autorizaciones para importaciones, en un contexto de fuertes restricciones, se lograban en menos de 10 días, cuando normalmente podían tardar hasta 180 días. Esto genera sospechas de que había una gestión irregular y con ventajas indebidas para ciertos actores.

También se busca determinar quiénes fueron los funcionarios responsables de aprobar estas operaciones, ya que la causa apunta a que las autorizaciones se obtenían con ayuda de intermediarios que actuaban en connivencia con personas dentro del Estado.

¿Qué sigue ahora?

La justicia ya solicitó que la Secretaría de Comercio informe quiénes fueron los funcionarios que autorizaron las SIRA en estos casos. La causa sigue en marcha y se espera que en las próximas semanas se puedan identificar más actores y esclarecer el alcance completo del esquema.

Este caso pone sobre la mesa las irregularidades en un sistema que, en medio de restricciones económicas, permitía a unos pocos beneficiarse de forma ilícita, generando un daño al Estado y a la economía en general. La denuncia también señala que estas prácticas podrían tener un impacto en toda la cadena de importaciones y en el mercado de dólares, que sigue siendo uno de los temas más delicados en Argentina.