Otra vuelta de tuerca en la causa por sobreprecios y contratos direccionados en ANDIS

La causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un capítulo más. Desde las 9:30 de este martes, en Comodoro Py, Diego Spagnuolo, exfuncionario ligado al partido libertario y exabogado del presidente Javier Milei, fue citado para declarar. Es la segunda fase de una investigación que revela un posible circuito de corrupción que habría involucrado fondos públicos por casi 76 mil millones de pesos.

¿Qué está pasando?

El fiscal federal Franco Picardi detectó que, en la gestión de la ANDIS, se habrían llevado a cabo maniobras ilícitas en las que participaron funcionarios públicos y empresas proveedoras de insumos caros. Según el fiscal, estas maniobras implicaron la apropiación de más de 75 mil millones de pesos del Estado, que terminaron en manos de un grupo reducido de empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo.

¿Quiénes están en la mira?

El foco principal está en Spagnuolo, quien ya había sido procesado en otra causa por corrupción relacionada con compra de medicamentos y coimas. Ahora, su nombre vuelve a salir a la luz en el marco de esta investigación, junto a Daniel Garbellini, quien también fue citado a declarar. En total, se esperan unas 35 citaciones para exfuncionarios y empresarios, todos con la obligación de presentarse en los Tribunales de Retiro en los próximos días.

¿De qué se trata esta nueva etapa?

La investigación apunta a insumos de alto costo que, por su naturaleza, tienen baja incidencia en los procedimientos habituales de compra. La sospecha es que existió un sistema de precios manipulados y cartelizados, donde un grupo reducido de empresas, vinculadas entre sí y con funcionarios, simulaba competir en licitaciones públicas. La realidad, sin embargo, era otra: estas empresas se repartían los contratos con anticipación y en condiciones favorables, dejando afuera a otros competidores.

¿Cómo funcionaba el esquema? 🤔

El mecanismo implicaba el manejo de información privilegiada sobre invitaciones a licitar, cotizaciones, órdenes de compra y pagos. Además, participaban particulares ajenos a la administración pública, que garantizaban adjudicaciones sistemáticas a empresas previamente elegidas. Todo esto, en contra de las reglas de transparencia y competencia que deberían regir en este tipo de procesos. Como resultado, funcionarios y empresarios obtenían beneficios económicos, mientras el Estado pagaba de más por insumos básicos para personas con discapacidad.

¿Qué insumos estaban en la mira? 🦾

Las compras que están bajo investigación incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas. Estos insumos son gestionados desde el Programa Incluir Salud, dirigido a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves que viven en situación de pobreza y no tienen acceso a coberturas médicas adecuadas.

¿Quiénes se beneficiaron? 💸

El análisis de datos revela que solo unas pocas empresas participaron en estas licitaciones. Por ejemplo, en las compras de prótesis de amputaciones, se convocó a un máximo de seis firmas por cada proceso. Entre ellas, destacan Profarma, Indecomm, Laboratorio Ortopédico Sagues, Probock, Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Sin embargo, muchas de estas empresas, vinculadas a personas como Miguel Ángel Calvete y la familia Sagues, participaban de manera limitada y en muchas ocasiones solo presentaban cotizaciones formales, sin intención real de competir.

¿Un cartel de empresas?

Las empresas que participaron en estos procesos parecen haberse prestado a un acuerdo previo. Por ejemplo, Indecomm, propiedad de Calvete, fue invitada a participar en todas las compulsas y resultó adjudicataria en varias oportunidades. En cambio, Resposane Salud, también vinculada a Calvete, solo presentó cotizaciones en un par de ocasiones y quedó fuera en la mayoría de los casos. La mayoría de estas firmas están relacionadas con la familia Sagues, que también tiene vínculos estrechos con Calvete, formando un círculo de empresas que operaba en simultáneo para garantizar beneficios económicos y adjudicaciones sin competencia real.

¿Qué sigue ahora?

La justicia ha respaldado la investigación y ha establecido un nuevo cronograma de indagatorias. A partir de este martes, los llamados a declarar incluyen exfuncionarios y empresarios vinculados a estas maniobras. La causa aún está en marcha, y se espera que nuevas personas sean llamadas a explicar su papel en estas irregularidades que, según el fiscal Picardi, habrían comenzado en diciembre de 2023 y se habrían extendido hasta octubre de 2025.

¿Por qué importa?

Más allá de los nombres y las cifras, lo que está en juego son fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. La existencia de un sistema de corrupción que favorece a unos pocos, en perjuicio de quienes más lo necesitan, revela una problemática que sigue vigente en varias áreas del Estado. La investigación busca ponerle fin a estas prácticas y asegurar que los recursos lleguen a quienes corresponden, sin intermediarios ni privilegios.