¿Qué está pasando en la Agencia Nacional de Discapacidad?

El sistema de salud y asistencia social en Argentina está en la mira de la justicia. El juez federal Ariel Lijo llamó a declarar nuevamente a un ex funcionario de la ANDIS, Diego Spagnuolo, para el 28 de abril. La causa que lo involucra apunta a maniobras de corrupción que habrían manejado fondos públicos por más de 76 mil millones de pesos.

¿De qué se trata el escándalo?

Según el fiscal Franco Picardi, se detectaron irregularidades en la contratación de insumos y medicamentos de alto costo que la ANDIS compraba a empresas vinculadas entre sí. La denuncia señala que estas maniobras permitieron adjudicar contratos de forma direccionada a un grupo reducido de firmas, en perjuicio de la transparencia y la competencia.

Lo más grave: esas empresas habrían recibido cerca de 75.478 millones de pesos de fondos públicos, en una operación que involucró a funcionarios y empresarios con intereses conjuntos. La maniobra incluía, además, la realización de compras y licitaciones truchas, en las que se simulaba competencia pero en realidad todo estaba arreglado.

¿Cómo funcionaba el esquema?

El juez Lijo detalló que en varias compras se implementó un sistema de compulsas de precios dirigidas y cartelizadas. En estos procesos, solo participaban un grupo reducido de empresas que, en realidad, coordinaban sus ofertas para garantizarse adjudicaciones a medida.

Por ejemplo, en compras de insumos ortopédicos y medicamentos, se convocaba a un máximo de seis firmas, pero algunas solo presentaban cotizaciones de manera formal y sin intención de competir. Así, las adjudicaciones terminaban favoreciendo siempre a las mismas empresas, que estaban vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo.

Vínculos sospechosos y negocios en la sombra 🔗💰

Las empresas involucradas tenían relaciones estrechas con Calvete, uno de los principales implicados en la causa. La firma Indecomm SRL, propiedad de Calvete, participó en todas las compulsas y resultó adjudicataria en varias ocasiones, consolidando un control sobre los contratos.

Otras firmas, como Laboratorio Ortopédico Sagues SRL, Probock SRL, Prolite Orthopedics SRL y Resposane Salud SA, también estaban relacionadas con Calvete y su familia. Estas firmas participaron en las compras y en la división de ganancias, en una trama que también involucraba transferencias millonarias de dinero entre empresas del mismo grupo familiar y la firma Baires Fly SA.

En total, las transferencias cruzadas sumaron más de 221 millones de pesos en varios meses, con la intermediación de Miguel Ángel Calvete, quien movía fondos entre distintas empresas, muchas de ellas vinculadas a su familia, y facturaba servicios a empresas del Estado con conceptos como «kilómetros nacionales para aeronaves».

Un circuito de facturaciones y negocios ilegales 💸✈️

La investigación reveló que estas transferencias y facturaciones se usaron para encubrir los movimientos de dinero y dividir las ganancias ilegales. Por ejemplo, empresas como Probock SRL y Prolite Orthopedics SRL hicieron transferencias por casi 95 millones de pesos a Baires Fly, que luego facturó a varias firmas del grupo y a la propia Calvete por servicios y productos que en algunos casos no llegaron a entregarse.

Además, se detectaron facturas por más de un billón de pesos en ventas de camas ortopédicas, emitidas por Indecomm SRL a empresas del mismo grupo familiar, en un esquema donde el dinero circulaba en un circuito cerrado para encubrir la verdadera finalidad de los movimientos financieros.

¿Qué sigue en la causa?

El juez Lijo citó a declarar a varias personas vinculadas a estas maniobras, incluyendo a Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, en las próximas semanas. La causa todavía está en desarrollo, pero las pruebas parecen apuntar claramente a una red organizada para beneficiarse con fondos públicos, en detrimento de la transparencia y el interés público.

Este escándalo pone en jaque a un organismo que debería garantizar asistencia y derechos a las personas con discapacidad, pero que, según la justicia, habría sido utilizado para hacer negocios ilegales millonarios.

¿Qué significa esto para todos?

La denuncia revela cómo las maniobras de corrupción pueden afectar a millones de personas que dependen de estos servicios, y cómo el dinero que debería destinarse a mejorar la calidad de vida termina en bolsillos particulares. La esperanza está en que la justicia actúe y que estos hechos sirvan para fortalecer los controles y prevenir futuros abusos.